Una de las consecuencias positivas que está teniendo la crisis es que la ciudadanía está haciendo un cursillo acelerado de economía. Conceptos económicos hasta hace poco desconocidos son ahora discutidos diariamente en tertulias públicas y privadas, en radios y televisiones, en bares y restaurantes. Uno de los conceptos de moda últimamente es el de la “prima de riesgo” de la deuda española.

Los tipos de interés a los que prestan los inversores dependen de dos factores. El primero es la cantidad de dinero que hay en el mundo dispuesto a ser prestado en relación a la demanda de crédito. En la actualidad, por ejemplo, existe una colosal masa de dinero ahorrado por los chinos y por los países productores de petróleo. Esa gigantesca masa monetaria hace que los tipos de interés sean históricamente bajos… para la gente de fiar.

Digo “para la gente de fiar” porque existe un segundo factor que determina el tipo de interés que se cobra por un crédito: ¡el riesgo de que no sea devuelto! Los trabajadores pueden perder su empleo, las empresas pueden no cobrar de sus clientes, los gobiernos pueden no recaudar suficientes impuestos debido a la crisis. Y todo ello les impediría devolver lo que deben. Cuando un prestamista ve que el cliente tiene un cierto riesgo, solamente le concederá crédito a un tipo de interés superior que compense el mayor riesgo de la operación. Es lo que se conoce como “prima de riesgo”: cuanta más alta sea la probabilidad de que el cliente no pague, más elevado será el interés que se le cobrará y mayor será su prima de riesgo.

En Europa el gobierno alemán es considerado el cliente más seguro porque todo el mundo cree que pagará sus deudas con toda probabilidad. Por eso, el tipo de interés que se le cobra al estado alemán por un crédito a 10 años es de cerca del 3% (concretamente 3,29% el día que escribo este artículo). Por su parte, los inversores piensan que existe un riesgo positivo de que España no pague sus deudas por lo que el tipo de interés que le cobran al estado español no es del 3 sino del 5%. Es decir, la prima de riesgo que España debe pagar por no tener la total confianza de sus acreedores es del 2% (o de 200 puntos básicos si ustedes quieren utilizar la jerga financiera). Tener una prima de riesgo es nefasto porque obliga al estado español a utilizar ingentes cantidades de dinero para pagar unos intereses superiores en lugar de hacer hospitales o escuelas.

La pregunta es: ¿Por qué creen los mercados que España no va a poder frente a sus deudas? ¿Porque su deuda es demasiado elevada? ¡Pues la verdad es que no! La vicepresidenta Elena Salgado se ha cansado de repetir, correctamente, que la deuda pública española representa menos del 65% del PIB y está por debajo de la media europea. ¿Por qué se ensañan, pues, los mercados, con el gobierno de España y le exigen una prima de riesgo tan grande? Yo diría que hay al menos tres factores que lo explican. Primero, lo importante no es la deuda como fracción del PIB sino la capacidad de devolver el dinero prestado. Al fin y al cabo, el PIB es el dinero que ganan todos los ciudadanos en su conjunto y no lo que ingresa el estado, que lo que importa para saber si el estado va a poder pagar. El problema es que, al empezar la crisis la recaudación fiscal cayó hasta un 40% a pesar de que las caídas del PIB no llegaron al 5% y eso introdujo serias dudas sobre la capacidad del estado de pagar lo que debe. Por eso el gobierno he hecho un gran esfuerzo de lucha contra la evasión fiscal.

Segundo, la capacidad de devolver un crédito no depende sólo de los ingresos que uno tiene sino de los compromisos que uno ha adquirido para gastar ese dinero. Y el gobierno de España no sólo ha visto cómo la recaudación caía en picado sino que, al subir el paro, ha visto como una parte importante de esos ingresos se comprometía automáticamente en subsidios de desempleo: el estado ingresa cerca de 100.000 millones de euros… pero gasta más de 40.000 millones pagando los seguros de desempleo. Por eso el gobierno ha intentado reformar el mercado laboral.

Tercero, y más importante, durante los años de la burbuja el sistema financiero español (los bancos y, sobre todo, las cajas) concedió gran cantidad de préstamos a un sector inmobiliario que, con toda probabilidad, no va a poder devolver. Toda esa deuda impagada va a crear un agujero tan grande en sus balances que puede poner en peligro a la totalidad de la economía española. El problema es que la enorme influencia política de bancos y cajas hace que los inversores internacionales sospechen que el estado español va a acabar rescatándolos. Si fuera así, lo que ahora es una gigantesca deuda puramente privada pasaría a ser pública. Y dependiendo de la magnitud, pasaría a ser insostenible. Es lo que sucedió en Irlanda.

Es decir, España no paga intereses superiores a los alemanes porque su deuda sea demasiado elevada… hoy. Los paga porque no ha dejado claro que no va a rescatar a las cajas de ahorros que no puedan sobrevivir el tsunami de morosidad que les viene. En este sentido, la primera parte del decreto ley de reforma del sistema financiero que obliga a bancos y cajas a obtener más capital privado es buena y debe ser aplaudida. El problema es que la segunda parte del decreto dice que el estado va inyectar dinero público a las cajas que no consigan suficiente capital privado. Todo el mundo sabe que eso va a empeorar el déficit público hasta límites desconocidos. Eso mantiene una incertidumbre que impide que, para España, desaparezca la maldita prima de riesgo.