Déjenme empezar hoy proponiéndoles a ustedes diferentes opciones:

Primera, están ustedes en el supermercado comprando la cena. Les atraen dos posibilidades: pechugas de pollo a 4 euros y langosta a 120 euros.

Segunda, tienen que escoger una casa donde vivir. Hay dos opciones: un piso de 60 metros cuadrados en un barrio industrial (vale 120.000 euros), una casa de 400 metros cuadrados en Sant Cugat (coste: 3 millones de euros).

Tercera, su hijo tiene que hacer un máster en administración de empresas. De nuevo dos alternativas: Autónoma a 10.000 euros año o IESE a 75.000 euros.

Cuarta, se acaban de romper una pierna y el médico les dice que hay dos procedimientos: la escayola tradicional que le cura en tres meses (con un coste de 30 euros) o unas gotas mágicas que se acaban de inventar que suelda el hueso en tres horas (con un coste de 10.000 euros).

Quinta, le han diagnosticado un cáncer y aquí también hay dos tratamientos: la radioterapia tradicional de cobalto con 35 sesiones durante seis meses y una probabilidad de supervivencia de 50% (coste del tratamiento: 500 euros), la radioterapia de dosis única de última generación que le cura en una tarde con una probabilidad de supervivencia del 90% (coste del tratamiento: 20.000 euros).

La pregunta para ustedes no es, ¿qué escogerían ustedes en cada uno de los casos? La pregunta es: ¿quién debe tomar la decisión: ustedes o el gobierno? Si la toman ustedes mirando sus preferencias y sus presupuestos, seguramente escogerán más o menos lo que le interesa. Si, por el contrario, decide el estado, a menudo se equivocará porque, para no discriminar, el estado va establecer unas reglas que sean las mismas para todos, unas reglas que no van a entender que, a igualdad de ingresos, uno puede querer gastar mucho en langosta cada día y otro pueda preferir tener una casa más grande o pagar unos estudios más caros a sus hijos.

En la España actual, está ampliamente aceptado que las compras del supermercado y las decisiones sobre vivienda las tomen ciudadanos. Eso sí, para garantizar que todo el mundo pueda comer un mínimo aceptable y tenga una vivienda digna, el estado hace una redistribución a través de un sistema fiscal progresivo y de algunos subsidios. Pero, una vez hechos, las decisiones las toman las familias. El tema educación es un poco más complejo: el estado decide que todo el mundo debe estudiar hasta los 16 años y para ello proporciona escuelas públicas y concertadas semi-gratuitas. La asistencia a la universidad, por su lado, es voluntaria aunque el estado también proporciona opciones subsidiadas.

Finalmente, el tema más peliagudo: la salud. La opinión pública mayoritaria española no acepta que las decisiones sobre salud las tomen los ciudadanos sino que piensa que debe ser el estado. Y así es como está organizado el sistema sanitario público. El problema es que, dado que el estado debe pagar la factura de todos (con nuestros impuestos, eso sí), a menudo, el mejor tratamiento es financieramente inviable: las gotas mágicas que sueldan el hueso en cuestión de horas y el tratamiento de radioterapia de dosis única son demasiado caras para administrarlos a todos los ciudadanos por lo que todos acaban con el tratamiento de menos calidad. ¿Todos? ¡No! El sistema sanitario español permite que los ricos paguen de su bolsillo o del bolsillo de su “mutua privada” los mejores médicos si éstos no están en el sistema público o están en Estados Unidos y los tratamientos más caros. Es decir, el sistema sanitario español da la calidad mínima para todos y deja que los ricos elijan libremente el tratamiento.

¿Por qué les explico todo esto? Pues porque el Senado norteamericano está debatiendo la propuesta de Barack Obama de reforma de su sistema sanitario. En la actualidad, en Estados Unidos existe una especia seguridad social pública, llamada Medicaid, para los ciudadanos con rentas bajas y al que están acogidos 40 millones de personas. Hay otro sistema público, llamado Medicare, para los ciudadanos jubilados y al que se acogen otros 41 millones de norteamericanos. El resto de familias pueden contratan seguros privados voluntariamente, aunque la mayoría lo hace a través de los seguros que las empresas proporcionan a sus trabajadores. Al ser un seguro voluntario, hay unos 47 millones de personas que actualmente no lo tienen. Una parte importante de ellos son jóvenes entre 18 y 35 años que deciden voluntariamente renunciar al seguro médico de la empresa a cambio de un salario más alto. Ya se sabe: los jóvenes piensan que ellos nunca se estarán enfermos. Dicho esto, también existe una bolsa de ciudadanos de rentas bajas, que no son suficientemente pobres para poder acogerse a Medicaid pero que no tienen dinero para comprar un seguro privado. Y ése es el principal problema que el plan Obama intenta solucionar. Para ello, no propone un sistema sanitario público como el que existe en España sino un sistema de subsidios para que las familias de menos rentas puedan comprar un seguro privado. Para fomentar la competencia entre empresas aseguradoras, también propone crear un seguro público que de sus servicios en hospitales privados.

No sabemos cómo será la ley que finalmente apruebe el senado ni las distorsiones que todos estos subsidios y seguros públicos van a crear en la economía. Lo que sí sabemos es que el sistema sanitario americano no será parecido al español, donde el estado decide por los pobres y los ricos deciden por sí mismos. La propuesta de Obama para Estados Unidos es parecida a la que los españoles tienen para alimentos, vivienda o educación: primero, el gobierno redistribuye rentas y da subsidios y, después, todos los ciudadanos, pobres y ricos, tienen libertad de elegir.